La Guardia Civil ha recibido órdenes de grabar a los conductores drogados. Es un titular llamativo después de haberse constatado un aumento del consumo de alcohol y drogas en los accidentes de tráfico.
A continuación se analizan los pormenores de una decisión no exenta de controversia.
Una prueba totalmente legal en los accidentes de tráfico
La Ley de Enjuiciamiento Criminal ya permitía a la Policía Judicial la grabación de imágenes para demostrar la comisión de delitos. Era posible en cualquiera de sus investigaciones, lo que incluía las relativas a la seguridad vial.
El objetivo de esta medida, recalcada en julio de 2017 por Bartolomé Vargas (fiscal de seguridad vial), es conseguir la tramitación penal de las infracciones que se quedaban en sanciones administrativas, como la pérdida de seis puntos del permiso de conducir y las multas de mil euros, a quienes dieran positivo en los test de saliva efectuados o mostraran síntomas notorios de haber conducido bajo los efectos de las drogas.
El fin de esta mayor dureza sancionadora es disuadir de una actitud potencialmente generadora de accidentes de tráfico.
Un complemento polémico para la Guardia Civil en la prueba de drogas
La grabación de las imágenes se considera un complemento de la prueba de drogas, puesto que vale para evidenciar una sintomatología incompatible con la conducción. Sin embargo, existen diversos problemas que ponen en tela de juicio la efectividad de su aplicación.
En primer lugar, que los agentes no han recibido el material oportuno, por lo que tendrían que grabar con sus teléfonos móviles, ni instrucciones acerca del procedimiento. Además, Juan Fernández, portavoz de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), ha manifestado sus dudas acerca de la colisión de la medida con el derecho al honor y a la intimidad.
En definitiva, grabar a los conductores drogados es una potestad de la Benemérita, pero existen discrepancias sobre cómo se materializará.
