Europa, a través de las instituciones comunitarias, está tratando de combatir los efectos negativos del Dieselgate (el escándalo por el descubrimiento en 2015 del fraude de Volkswagen en la reducción de emisiones contaminantes en sus vehículos) en la lucha contra la contaminación.
El descrédito que propició esta polémica provocó la creación de una comisión de investigación comunitaria que está empezando a dar sus frutos. A continuación, se explican las medidas con las que la UE quiere garantizar el cumplimiento de las normas reductoras de emisiones de gases contaminantes por parte de los fabricantes de coches.
La política más interesante decidida por los Estados miembros ha sido la de posibilitar que la Comisión Europea pueda sancionar los fraudes que, en este aspecto, se cometan.
Por otra parte, en el marco de las medidas aprobadas, se apuesta por reforzar los controles a realizar (al menos uno de cada 50.000 vehículos censados en cada país) y sus estándares, que deben evolucionar hacia una mayor homologación entre los diversos territorios.
Cuando se apruebe esta normativa en Europa, está previsto que se puedan imponer multas de hasta 30.000 euros a los fabricantes que no se ajusten a los cumplimientos exigidos. De hecho, algunos países comunitarios, entre los que se encuentra España, no habían realizado convenientemente los controles demandados.
Aunque no se vaya a crear, en este ámbito, una Agencia Europea de Homologación, el sistema que se implementará tendrá una mayor independencia y se incrementarán sus recursos. En definitiva, un refuerzo de las garantías para evitar fraudes en materia de contaminación automovilística.
